Derecho del consumo y telefonía celular. Por Gregorio J. González Allende

Un enfoque desde la legislación argentina, sobre la problemática de los cargos telefónicos no contratados.

En la vida diaria se ha vuelto una costumbre –pero de las malas- la aplicación de cargos o servicios “extraordinarios” en los contratos básicos que se celebran con las empresas telefónicas.

Es que ya es tan habitual encontrar en los resúmenes mensuales servicios que jamás contratamos, y que son facturados sin ningún tipo de resquemor por parte de las prestadoras, que gran parte de la población ya ha optado por no actuar frente a esta clara violación a sus derechos. Estos cargos especiales tienen distintas características, pudiendo extraer algunas, como son:

-Nombres creativos que no definen la prestación que supuestamente implican, ni su alcance o contenido.

-Costos relativamente menores, que no tornan excesivo el costo total de la factura.

-Desconocimiento de su origen

-Aparición prácticamente mágica, que incluso puede varias con los meses.

Y esto no es una mera especulación académica, sino es el propio padecer de quien escribe, quien recibe mes a mes, los siguientes cargos extraordinarios en su factura de telefonía celular (preste atención el lector a la variopinta denominación, un deleite de creatividad por parte de la corporación) “Seguridad total 5 dispositivos” (tengo una sola línea y un solo celular, aparentaría ser un seguro pero por supuesto no hay ninguna especificación más que tan alegre título) “Localizador familiar” (una especie de GPS para ubicar mis seres cercanos, que nuevamente carezco de la ciencia para conocer como funciona tal “servicio”) “SMS a fijos excedentes” (los SMS son mensajes a teléfonos celulares, sin duda es una nueva invención el mensaje de texto de un teléfono fijo) “Suscripción entretenimiento”, “SMS consulta tarjeta de crédito” son otros ejemplos.

Sin duda el lector podrá encontrar en sus propios resúmenes mensuales otros nombres o denominaciones para estos micro servicios jamás contratados.


Visión desde la Ley de Defensa del Consumidor.


El más común de los sentidos nos muestra que todo servicio no contratado no debe ser abonado, y que corresponde el reintegro en el caso que se haya abonado. No estaré jamás obligado a abonar por aquello que no solicité ni pacté. Por suerte –y digo expresamente por suerte ya que cada vez prima menos el sentido común en las leyes, y por lo tanto ver reflejado el mismo en sus artículos es, lamentablemente, algo para destacar- la Ley 24.240 y sus modificatorias establecieron parámetros claros, que impiden estos actos abusivos por parte de las corporaciones de telecomunicaciones.

El primer límite que traspasa el accionar de las telefónicas es el deber de información, ya que si incluyen un cargo por un servicio deberían al menos explicar en que consiste el mismo, como exige el art. 4: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.”

Luego está la valla que constituye las condiciones de contratación del servicio: Si adquirí una línea con determinadas cualidades no pueden luego aparecer prestaciones que no hayan surgido de ese contrato original, circunstancia prohibida por el art. 19 “Modalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.”

Y en la línea del sentido común, y creciendo en la realización de justicia, el art. 26 otorga una reciprocidad en el cálculo de los intereses por el valor indebidamente percibido por estas practicas ilegales, manifestando que “Reciprocidad en el Trato. Las empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.” La claridad de la norma causa gusto en el lector, y a pesar de que a veces menospreciamos el repaso de conceptos que solemos tener incorporados, es valioso refrescar los mismos para así obtener nuevas herramientas para los casos que nos presentes nuestros representados.

Próximamente se analizarán distintos precedentes jurisprudenciales sobre la temática en cuestión. Aquí concluye este primer análisis. Espero que sirva para contemplar una situación de la realidad que más habitual se ha tornado, y más agresiva con nuestros derechos resulta siendo, ya que vulnera en forma visible el entramado normativo que se mencionó.

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