Finalmente es ley. Crítica al proyecto de jurado civil para Chaco. Por Marcelo S. Midón

Actualizado: 29 dic 2020

La provincia de Chaco, Argentina, pionera en Latinoamerica, es la primera en instituir el juicio por jurados en materia civil y comercial.

El proyecto.

En el mes de setiembre pasado tomó estado público el “Proyecto de ley de juicios civiles y comerciales, por jurados, del pueblo de la Provincia del Chaco”. De alcanzar consagración (sanción de la Cámara de Diputados y posterior promulgación del Ejecutivo), toda persona tendrá derecho a que la sentencia de su asunto civil y comercial sea pronunciada por un jurado, como corolario de un juicio oral y público (art. 2). 

       Corresponde aclarar, sin embargo, que el proyectado sistema procesal, de operatividad excepcional y restrictiva, quedaría limitado a los taxativos supuestos previstos por el art. 3, a saber: a) por responsabilidad individual extracontractual, excepto la que concierna al Estado;

b) por afectación de derechos individuales homogéneos y;

c) por la lesión de derechos de tipo colectivo.

Ello así, finalmente, sujeto una condición: que en la demanda se reclamare un monto de reparación mayor de treinta (30) salarios mínimos, vital y móvil, salvos aquellos casos considerados “trascedentes” (art. 4). 


Constitucionalidad, concepción y puesta en práctica.

En el concierto, interesa reflexionar en punto a la constitucionalidad, diseño y puesta practica (si existen condiciones para el funcionamiento) del futuro régimen. Cuestiones por lo menos inciertas y disputables. Vemos:

En el sistema procesal de juicio por jurados, a imagen y semejanza de lo que sucede en las películas, los doce ciudadanos que lo componen, pos deliberar y consensuar, emiten su veredicto: el acusado (para el caso, el demandado) es culpable o inocente. Sin ningún otro deber y, por ende, con exención de explicitar las razones, de hecho, de prueba y de derecho, que motivan la decisión. 

De manera, entonces, que ese veredicto, desprovisto de una causa explícita, insusceptible de control sobre su legalidad, pone en crisis: 

Primero. El artículo 3 del Código Civil y Comercial. En cuya virtud los asuntos que se sometan a la jurisdicción deberán resolverse “mediante una decisión razonablemente fundada” (el destacado nos pertenece).

No es de olvidar que la ley adjetiva de una provincia es, obviamente, de jerarquía inferior respecto de los códigos sustanciales. De manera, pues, que la primera debe, como condición de validez, ajustarse a los imperativos de la segunda. 

De lo contrario, sí la norma inferior (de rito provincial) desobedece el mandato que proviene de la superior (nacional), las decisiones judiciales no podrían ampararse en aquellas (las locales, insubordinadas); salvo con arbitrariedad, por la violación de la jerarquía normativa y, por consiguiente, del principio de la supremacía constitucional (CN, art. 31).       

Segundo. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sostenida desde de su creación, y en cuya virtud:

* “La condición de órgano de aplicación del derecho va unida a la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus decisiones (Fallos: 321:515, cons. 7, 3415, cons. 8). “No solamente para que los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque se contribuya al mantenimiento de la magistratura” (Fallos: 321:3419). También porque “para resguardar las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso es exigible que las sentencias estén debidamente fundadas, tanto fáctica como jurídicamente y constituyan derivación razonada del Derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa” (Fallos: 236:27; 250:152; 314:649 y sus citas).


De manera que “es condición de validez de las sentencias que sean fundadas y constituyan, en consecuencia, derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos: 261:209, 263; 283:86; 284:119, entre muchos otros). “Y no producto de la individual voluntad del juez” (Fallos: 236:27). 


Además, “el mismo sistema republicano de la justicia exige la fundamentación de la sentencia, porque ésta es la explicación de sus motivaciones” (CSJN; 23/04/91, “G. R. E. S. s/ homicidio agravado. Inconstitucionalidad, Boletín El Derecho, del 11/09/91, con nota de Bidart Campos, Germán, El deber de fundamentación de las sentencias en la forma republicana).  


En síntesis, a criterio del Más Alto Tribunal: “la exigencia de que los fallos tengan fundamentos y que, además, éstos sean serios, reconoce una raíz constitucional” (Fallos: 267: 464; 307:2027; 314:78; 318:652; 321:3419, entre muchos otros). 


Tercero. El derecho constitucional a una correcta valoración de la prueba. Y como condición de un debido proceso.  


El derecho a la prueba, conceptualizado como aquel que poseen los litigantes, y que consiste en el poder de utilizar los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso, es considerado -por todas las fuentes procesales- una facultad constitucional y, por tanto, de jerarquía fundamental, en tanto conforma -junto a otros derechos y principios- la más generosa de las garantías aseguradas al justiciable: el debido proceso (C.N., art. 18; Pacto de San José de Costa Rica, arts. 8 y 25).

El derecho constitucional a la prueba, a su turno, se integra de tres elementos, que conforman su núcleo o contenido esencial. Segmentos sin los cuales se desnaturaliza o pierde sentido, provocando lesión del debido proceso a saber: a) El derecho a la admisión de los medios propuestos o, en su defecto, el derecho a una denegación motivada; b) La facultad de gestionar o producir los medios propuestos y c) Que los medios admitidos y producidos sean valorados adecuadamente. Apreciación que, de pura lógica, deberá ser motivada y tendrá lugar en ocasión de la sentencia.

Dicho de otro modo. En la medida que la valoración de las fuentes de prueba -contenido esencial del derecho constitucional a la prueba- sólo puede ser conocida a través de los fundamentos del fallo, el derecho a probar tiene como correlato el deber jurisdiccional de la motivación, con la finalidad de poder determinar si la ponderación fue adecuada, evitándose así potenciales arbitrariedades. 

La dimensión constitucional del derecho intensifica, pues, el deber de la motivación, también implícito en la garantía del debido proceso.

Cuarto. La forma republicana de gobierno y la garantía a la no arbitrariedad.

La República es, por naturaleza, enemiga de la arbitrariedad y, por eso, la fuente del deber del Estado de publicitar sus actos y de proveer las razones que permitan, a la ciudadanía, conocer y controlar la legalidad y la legitimidad de aquellos. 

Consentir, pues, el que una sentencia pueda validarse sin dotación de motivos y, por consiguiente, sin la chance de revisión efectiva sobre si constituye -o no- derivación razonada del ordenamiento vigente, implica lo opuesto. Equivale, pues, a auspiciar la arbitrariedad, por la tolerancia de peligros que le son lógicos y naturales: la discrecionalidad, el voluntarismo y el capricho del jurado.

Quinto. El derecho constitucional a segunda instancia. 

En la interpretación de la Suprema Corte Nacional, cuando la ley programa un régimen de doble instancia (es lo que sucede en el Chaco, al amparo del Código Procesal Civil y Comercial allí vigente), en tal caso, su observancia integra el postulado constitucional de la defensa en juicio. 


Ahora bien. Por la razón que, salvo sea adivino, mago o pitoniso, el justiciable ignora las razones del fallo adverso (por la sencilla razón que no le fueron proporcionadas por el jurado), difícil -por no decir utópica- es la tarea de recurrirlo y de expresar agravios con suficiencia técnica. 


No ha perderse de vista que la adecuada actividad recursiva exige, y como condición necesaria, la censura seria y argumentada de todas y de cada una de las motivaciones esenciales de la sentencia recurrida, en aras de convencer -al órgano revisor- sobre su error, de hecho, de prueba o de derecho. 


Sin dotación ninguna de fundamentos, recurrir el veredicto será, en adelante, una verdadera “timba”. Tal como sucede en la quiniela o en la ruleta, habrá que apostar a “embocarle” a las razones por las que el jurado falló en mi contra para, a continuación, jugarse el pleno de “embocar” la crítica pertinente. 


Sexto. El populismo y la improvisación. 


Sobre la base de la estadística oficial, el Estado argentino es, y por escándalo, el más frecuente infractor de la ley y, por ello, el demandado más numeroso. A su turno, como los abusos e infracciones de corriente se ejercen en perjuicio de la ciudadanía, los autores del proyecto, ni lerdos ni perezosos, excluyeron a la responsabilidad estatal del proceso por jurados. 


No sea cosa que los ciudadanos nos devuelvan la gentileza, mejor será, pensaron funcionarios y legisladores, asegurarnos (para nosotros, el Estado) un proceso de jueces técnicos, con sentencia fundada y razonada. Tiremos, sin embargo, los huesos y las sobras a la tribuna. Populismo, que le dicen.  


A su turno, y desde hace quince años, la Provincia del Chaco es, junto a Santiago del Estero, de las que peores salarios pagan sus jueces y funcionarios. Así, por ejemplo, a comienzos de 2020, una juez del Superior Tribunal de Justicia, con 36 años de antigüedad, percibía $ 178.000; y una segunda, con menos años de servicio, la friolera de $ 134.000. 

 En ese contexto, en el que la Provincia del Chaco no garantiza tan siquiera la intangibilidad de la remuneración de sus magistrados ¿de dónde es que habrá fondos para organizar y desarrollar cientos de jurados al año? No es de olvidar que, según el proyecto, la responsabilidad extracontractual (procesos de daños y perjuicios) y, por lo tanto, las demandas por accidente de tránsito, que por centenares se inician al año, quedarían -por principio- sometidos a la modalidad del jurado. 

Dicho de otra manera, ¡no tenemos ni para un picnic a la ribera del Paraná, y sin embargo proyectamos un mes de vacaciones en la Polinesia! 


En síntesis, el proyecto de jurado civil para la provincia del Chaco no solo es inconstitucional por la violación de normas y principios de jerarquía superior. Sino que, además, por ser el fruto de la improvisación financiera y del populismo político, es fiel expresión de la decadencia.  La argentinidad al palo. 



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