El rol de la justicia en la gobernanza en salud.

Actualizado: 9 jul 2021

Yo soy Mauro, tenía 23 años. Ante la falta de una respuesta administrativa y la mala administración de un cerco provincial de cuestionable legalidad, en el intento de ingresar a la provincia de Formosa durante la cuarentena obligatoria para reencontrarme con mi hija; morí ahogado.

Yo soy Lara, tenía 22 años, vivía en Esperanza, Santa Fe, estudiaba veterinaria, era diabética. Contraje COVID y, en estado de abandono, esperé tendida en el piso de un hospital sin poder acceder a una cama, hasta momentos antes de mi muerte.

Yo soy Blas, tenía 17 años, vivía en Córdoba, Salí una noche con amigos durante la cuarentena. Nunca regresé a mi casa porque un policía, en cumplimiento de sus funciones y abusando de su autoridad, me disparó por la espalda.

Yo soy Solange, tenía 35 años, vivía en Alta Gracia, Córdoba, Tenía cáncer y un único deseo: despedirme de mi padre que vivía a 1100 kms. de distancia. Morí sin poder abrazarlo por la decisión arbitraria e irrazonable de quien ejercía el control entre provincias durante la cuarentena.

Las historias de todas estas personas y sus familias exponen de manera parcial la problemática que hoy transitamos y que nos convoca a reflexionar, por un lado, sobre la responsabilidad de la justicia nacional en el aseguramiento de la gobernanza en materia de salud y, por otro, el acceso efectivo al servicio de justicia en tiempos de pandemia.

Sabemos que situaciones excepcionales, requieren de soluciones excepcionales, pero las mismas debieran ser, no solo respetuosas, sino promotoras de los derechos fundamentales, resultando a estos fines insoslayable el rol de la justicia como guardiana de los derechos humanos.

Adentrándonos al meollo de las instituciones de nuestra nación Argentina, basta sólo voltear la mirada para advertir a la imposibilidad de acceso a la justicia como una de las políticas adoptadas frente a la pandemia, Y esto se ha visto reflejado, en primera instancia, por el cierre de los tribunales durante largos períodos de tiempo, lo cual ha tenido graves implicancias sociales debido al desamparo que ello ha significado.

Pero esta orfandad se halla, por sobretodo y principalmente,en la indiferencia que impera sobre la obligación que le pesa a la justicia como aquel custodio imparcial e independiente encargado de velar por la aplicación de la ley, de la Constitución Nacional y de los Tratados y Pactos Internacionales, obligación que debiera ser reforzada teniendo en consideración de la grave situación que nos toca atravesar como sociedad global, y en momentos de vigencia de normativas de excepción. Y ello evoca la sensación de que se mantiene un discurso sobre los derechos humanos sin un correlativo compromiso real y ajustado al concepto de justicia, de la justicia operativa y distributiva, entendida como “la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho”. Pensar en la justicia como garante de la gobernanza en salud, exige la toma actual de decisiones ordenatorias por parte de los órganos jurisdiccionales ante las consecuencias propias de la gravedad del contexto, que afectan principalmente a los derechos a la salud y la seguridad de los sistemas sanitarios; siendo imperativa la necesidad de que esta toma de decisiones marque un rumbo que abra paso a una dinámica preventiva y/o correctiva que zanje las probables consecuencias dañosas que implica la aceptación, sin más, de políticas públicas reñidas con los derechos humanos.

Precisamos de un poder judicial presente y valiente, que deje de esperar agazapado en los estrados y salga a la calle a empaparse de la dura realidad que nos aqueja desde el inicio de esta pandemia, la cual se haya recrudecida en nuestro país en las presentes semanas y con un crudo pronóstico por delante. Una justicia que marque los lineamientos basados en el respeto a los derechos humanos que deben gobernar, que se tope con la realidad social, un poder judicial de definiciones concretas, que coadyuven de manera eficiente en este difícil camino. Esta situación excepcional exige de los tribunales una conducta diligente, atenta y dispuesta, activa en la evitación del daño, en todas sus formas Si hay alguien, en estas tristes circunstancias, que debe ir más allá en miras de garantizar los derechos fundamentales, este es el poder judicial, el encargado de salir al cruce y marcar la cancha, señalando límites y destacando obligaciones, diciendo cual es el camino en cuestiones sensibles cuyo factor común reposa en la regularidad del avasallamiento de derechos. Y en términos claros y concretos nos estamos refiriendo a dejar de mirar para un costado ante las vulneraciones a los derechos humanos que se cometen a diario, la mala gestión en seguridad sanitaria, el abandono a su suerte de los enfermos crónicos, cuyas muertes han tenido una grave incidencia en las tasas de mortalidad, las restricciones irrazonables, desproporcionadas e injustas, el abuso de poder, la concentración del poder público, la creación de organismos ad hoc extrapoderes con facultades extraordinarias y funciones represivas, la desigualdad en el acceso a la educación, la desprotección de los grupos vulnerables, y de los trabajadores. Tesitura también expuesta como recomendaciones en el decálogo de derechos humanos que debieran ser resguardados durante la pandemia, elaborado por Amnistia Internacional. Necesitamos de una justicia que vele porque la normativa de excepción sea respetuosa de los derechos humanos y que pregone la igualdad desde la intervención en la asignación y distribución igualitaria de los recursos y bienes de salud, esto es concretamente camas, respiradores, recursos humanos, vacunas.

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet Jería, en el acto inaugural del año judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2021 expresó que “SÓLO ESTAREMOS A SALVO, CUANDO TODOS ESTEMOS A SALVO” y en esa frase por ella acuñada creemos que yace el verdadero mensaje que debiera iluminar la toma de decisiones en materia de políticas públicas de salud a adoptar por todos los Estados del mundo, en miras a eliminar toda forma de desigualdad y discriminacion entre los seres humanos.

Juntos podemos tomar el timón y virar hacia el nuevo paradigma de valores que las nuevas generaciones nos reclaman, convirtiéndonos en sociedades alineadas a los más altos estándares en derechos humanos, pero sin justicia, nada tendremos.


(*) Florencia Márquez Bonino. Abogada. Especialista en Derecho Penal Económico. Certificada internacionalmente en Ética y Compliance.




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