Abogacía más allá de la Pandemia. Por el Dr. Mariano Zamora Cano. España.

Vivimos tiempos extraños. Tiempos en los que todo está cambiando, pero en los que aún nos aferramos a los antiguos y familiares rituales. En los que queremos volver a lo conocido, a la calidez de lo cotidiano, a lo que estamos acostumbrados, pero sin embargo sabemos que ello no será posible. Los equilibrios, pesos y contrapesos, procedimientos, sistemas, etc… no serán los mismos. Y ello no es malo, es simplemente apasionante.

Contemplo nuestro futuro como un reto, como una oportunidad, aunque también como una tarea a asumir, como un nuevo y agotador desafío.

Y en nuestra profesión, la abogacía, y en todas las relacionadas con ella, del sistema de Justicia en General, el cambio ha de ser, y será, profundo. No queda otra.

En primer lugar, porque esta pandemia nos ha hecho ver la importancia que han de tener las nuevas tecnologías en nuestro oficio. En segundo lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, por lo poco preparados, como sociedad, que estamos para ello.

En España, desde hace ya algunos años, los profesionales de la abogacía (y de la procura) estamos obligados a relacionarnos con la Administración de Justicia por medios telemáticos. Cualquier documento que se presente, cualquier escrito o solicitud, ha de ser presentado por LEXNET, nuestra Intranet particular. Apodado cariñosamente como “el Engendro” (ya sabrán porqué, supongo que se lo imaginan), este programa hace las veces de inbox de escritos judiciales en España. Pero esta obligación sólo afecta a los profesionales liberales, y aún así, no completamente.

Así, nos encontramos que cualquier demanda o escrito ha de ser presentado por LEXNET, salvo que los documentos probatorios adjuntos a la demanda sean demasiado grandes, que pesen mucho en términos informáticos, en cuyo caso tan sólo han de mencionarse y aportarlos a continuación mediante CD o PenDrive físicamente al juzgado, por lo que ya la propia aplicación Lexnet (EL Engendro) pierde toda su utilidad de evitar trasladados innecesarios o gasto de papel injustificado, pues el depósito de dichas pruebas ha de ser necesariamente físico. Por otro lado, la gran mayoría de Juzgados aún imprimen y glosan todos los escritos y documentación judicial en amplios tomos pocos ágiles y difíciles de gestionar. Pero además, en un mundo como el nuestro, donde cada vez los pleitos se basan más en documentos no físicos (documentos electrónicos, grabaciones de audio o video, programas, aplicaciones, fotografías, etc…) esa falta de capacidad parece incongruente, pues una vez enviado o recibido cualquier escrito, el mismo no perdura en el sistema sino 60 días, mientras los procesos suelen durar años.

Pero no queda aquí la cosa, aún pudiendo adjuntar todo correctamente haciendo malabarismos informáticos, los profesionales estamos obligados ¡a presentar copia de todo en papel para la partes contrarias y el Ministerio Fiscal!, lo que convierte en toda la modernización en la justicia de soberana estupidez.

Por si fuera poco, y pese a que la tecnología hace tiempo que era suficiente para ello, tenemos la problemática de los juicios telemáticos, que muy pocas salas judiciales están preparadas. Así, todos los profesionales estamos obligados a tener un sistema informático digno, y dotarnos de una serie de periféricos y dispositivos dignos y de calidad, mientras la Administración en muchos casos ni tiene. Hablamos de cámaras de video y audio, grabadoras, scanners, impresoras, lector de tarjetas electrónicas, odenadores potentes con las últimas aplicaciones. Etc…

Pero ante todo, tenemos que “sólo” los profesionales independientes estamos obligados a estar a la última en tecnología y procedimientos, pues la Administración aún sigue utilizando Fax, cartas y tecnología del siglo XIX (¡la mayoría de sedes judiciales de España no tiene ni e-mail!). Los emplazamientos se siguen haciendo por carta con papel físico (de ahí que nos obliguen a aportar copia en papel de todo, pues ni imprimir pueden), se utiliza el sistema postal normal (lo que ralentiza cualquier trámite hasta el aburrimiento), y el intercambio o envío de expedientes entre juzgados y otros operadores jurídicos se hace en carritos de supermercados.

Por tanto, tenemos que los únicos preparados para afrontar una verdadera modernización de la Justicia somos los abogados y procuradores, y estamos a merced de los desvaríos y caprichos de una Administración obsoleta y decimonónica.

Y ante tales incongruencias, ¿Qué hacen nuestros representantes, aquéllos que deben velar por los abogados? En España, la respuesta es sencilla: NADA

Bien es cierto que el Consejo de Abogacía se ha convertido en Autoridad Certificadora para dotarnos a los abogados de un carnet electrónico con la que firmar escritos seguramente y poder acceder a una serie de trámites ante la sede electrónica de la Administración, pero no es más que otro de los certificados digitales con el que todos los españoles pueden acceder a los mismos trámites.

Los abogados de a pie hemos echado en falta durante esta pandemia y cuarentena, durante esta nueva “no normalidad” una presión más firme por parte de los que se suponen que nos representan, una defensa más cerrada frente a la Administración, máquina potente que lo tritura todo.

Y de ahí, de esa indefensión, y de muchas otras que hemos sistemáticamente recibido, en España se ha iniciado un movimiento asociacionista privado entre los abogados. Hace ya algunos años que las primeras asociaciones de abogados dieron sus primeros pasos, pero ha sido ahora, en la pandemia, donde la dificultad de desplazarse físicamente nos ha hecho habitantes más si cabe de un mundo totalmente virtual, cuando se ha dado un real espaldarazo al asociacionismo. Y ello ha sido por la indudable dejadez de funciones de nuestros Colegios, más enfocados en hacer política para fines propios o para agradar a una abogacía de corte mercantilista de grandes despachos y a la propia justicia (no vayan a desagradar al ministro de turno so pena a no medrar) que al 90% de los que nos dedicamos a esto, simples abogados de a pie.

No os voy a engañar, los que hemos entrado en esto no queríamos estar, ni deseamos estar. Lo hemos hecho por necesidad, y por cubrir ese hueco que ha dejado la abogacía institucional. SI ellos, nuestros Colegios, nuestros legítimos representantes y defensores, lo hubiesen hecho bien hubiesen luchado por nosotros, hubiesen roto lanzas en nuestro favor, no hubiésemos nacido. Si la abogacía Institucional nos hubiese movilizado en protestas y luchas, nos hubiesen tenido. Aún nos tienen. Pero no lo han hecho, ni lo hacen. Es más, nos odian, nos rechazan. En parte porque nos temen, en parte porque somos fiel reflejo de su fracaso como representantes. No encontramos colaboración en ellos, ni esperamos encontrarla.

Por eso escribo en esta revista, Ad Honorem. Para que compañeros abogados/letrados/licenciados de otros países espabilen, abran los ojos y despierten. El Estado, no quiere operadores jurídicos independientes como contrapeso a su Justicia. Y por eso han pervertido a nuestros representantes.

La profesión de la Abogacía es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin ella, el Estado tendría la exclusividad de la Justicia, tendría el poder absoluto del proceso judicial. No debemos venirnos abajo, ni dejar que nuestra independencia se vea vulnerada ni por nuestros defectuosos representantes ni por la falta de medios sistémica en la que nos quieren hacer caer.

Soy conocedor que en Argentina y en otros países del entorno se está iniciando ese cambio de lo tradicional a lo digital, de lo antiguo a lo moderno del que hablaba al principio. Solo deseo que nuestros compañeros argentinos, en esta nueva andanza, presionen, por medio de sus Colegios o de sus representantes, o de asociaciones de abogados independientes no atadas a ningún poder más allá que al de su trabajo y sapiencia, para no cometer los mismos errores que estamos viviendo en España.

Somos los abogados los que debemos liderar el cambio en la Justicia, pues el Estado nunca lo hará por su propia iniciativa (no le conviene, nunca invertirán en Justicia). Somos los abogados los que debemos presionar para no aceptar falta de medios y aplicaciones ruinosas, los que no debemos permitir la desigualdad de trato con otros operadores jurídicos. La ciudadanía sólo nos tiene a nosotros para defender sus derechos ante el monopolio estatal, ante los abusos de los que no deben pero son contratados.

Todo abogado dentro lleva a un soldado, a un héroe, que lucha sólo y rema sólo, pues la abogacía siempre ha sido una profesión individualista. Ahora debemos unirnos, y pasar de ser luchadores a ser un ejército en lucha por nuestros derechos y los de los jusiticiables, sin personalismos, como el magnífico equipo de personas que podemos llegar a ser.

Hemos de transformar la Justicia a una justicia del siglo XXI, y lo hemos de hacer nosotros.


Mariano Zamora

Presidente de Asociación DEFENDA; Asociación en Defensa de los Abogados Españoles.


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